Entre los implicados se encuentran socios, intermediarios y personas de confianza, algunos de ellos fuera del país
A más de un año de la sentencia contra Genaro García Luna en Estados Unidos, el caso dista de haberse cerrado. Los comunicados recientes de la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva Ernestina Godoy, confirman que la investigación contra ex servidores públicos y particulares que formaron parte de la estructura operativa y financiera vinculada al ex secretario de Seguridad Pública federal, sigue activa.
De acuerdo con información oficial, más de una decena de personas clave han sido detenidas y procesadas, aunque el número de órdenes de aprehensión emitidas es considerablemente mayor. La propia FGR ha informado que se libraron más de 60 órdenes relacionadas con este expediente, muchas de las cuales continúan vigentes. Entre los implicados se encuentran socios, intermediarios y personas de confianza, algunos de ellos fuera del país, lo que ha derivado en la solicitud de fichas rojas ante Interpol.
Durante este mes, la FGR informó la detención de tres personas clave vinculadas al entorno de Genaro García Luna como Eduardo “N”, ex servidor público que permanece bajo prisión preventiva acusado de delincuencia organizada y peculado por la suscripción ilícita de contratos para Centros Federales de Readaptación Social entre 2008 y 2013; Jesús “N”, también ex servidor público, aprehendido, vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO No. 1 por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado; y María “N”, integrante del círculo cercano del ex secretario, presa en el CEFERESO No. 16 de Morelos por delincuencia organizada y lavado de dinero, a quien la autoridad identifica como una persona con amplios poderes de actuación y ejecución dentro de la estructura ilícita, con posible participación como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc.
Las detenciones se suman a otras ya conocidas, como la de Luis Cárdenas Palomino, ex funcionario de alto nivel y colaborador directo de García Luna, así como a familiares del ex secretario. Dentro de este entramado, uno de los casos más emblemáticos es el de Adolfo del Cueto Aramburu quien, aunque se presenta en redes sociales como empresario exitoso con décadas de experiencia, su nombre aparece en la investigación relacionada con la trama financiera del caso García Luna.
Del Cueto Aramburu, fundador de Bulltick, es mencionado en las declaraciones ministeriales de los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, así como por su socio Natan Wancier Taub, tras lograr un acuerdo con la FGR para que se les conceda un criterio de oportunidad. Lo señalan como intermediario en la canalización de pagos ilícitos al entonces presidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el objetivo de asegurar la continuidad de contratos públicos para la empresa Nunvav Technologies.
En septiembre de 2025, la FGR revocó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal que lo beneficiaba y reactivó formalmente una carpeta de investigación en su contra, decisión que derivó en un juicio de amparo actualmente en revisión.
De acuerdo con documentos judiciales, la revocación se originó en actuaciones de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la FGR. El litigio sigue abierto.
Nuevo revés a Citigroup
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar el recurso de Citigroup para frenar el juicio civil relacionado con Oceanografía reaviva uno de los expedientes más incómodos para la banca internacional con operación en México. El fallo permite que avance una demanda que acusa al grupo financiero -hoy dirigido por Jane Fraser– de haber facilitado financiamientos millonarios a la naviera mexicana pese a señales claras de irregularidades. Oceanografía fue intervenida en 2014 tras ser señalada por un presunto fraude contra Banamex, lo que derivó en su colapso y en un largo litigio internacional. Su ex dueño, Amado Yáñez, ha sostenido que la narrativa oficial ocultó una red de omisiones y decisiones políticas que terminaron por despojarlo de la empresa. Hoy, con la vía judicial abierta en Estados Unidos y reclamaciones que podrían superar los mil millones de dólares, el caso vuelve a presionar a Citigroup en un momento clave, no solo por el impacto financiero, sino por la sombra que sigue proyectando sobre Banamex y su futuro en el mercado mexicano.
Divorcio
El quiebre entre el gobierno de Samuel García y el sector empresarial ya es un hecho. Bajo el discurso del cuidado ambiental, se ha instalado una dinámica de presión que empresarios describen sin rodeos como extorsión fiscal. Operativos, inspecciones desproporcionadas y clausuras exprés se han vuelto comunes en industrias clave como la acerera, cementera, pedrera, manufactura pesada, logística y parques industriales. La Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Raúl Lozano Caballero, sería la punta de lanza para multas millonarias, cierres y una aplicación discrecional de la norma que deja la sensación de que el problema no es cumplir la ley, sino cuánto cuesta seguir operando.
Si a eso le sumamos que nadie sabe cuánto ni en qué se han gastado los recursos del llamado “impuesto verde”, pues el daño es profundo. Inversiones frenadas, empresas que ya no quieren operar en Nuevo León y una cadena productiva afectada que golpea empleo y competitividad. Los mal pensados creen que la urgencia recaudatoria viene de la mano de las prisas para cumplir con las expectativas del Mundial.
Evaluarán jueces
Con el objetivo de evaluar la capacidad técnica, profesional y ética de los jueces federales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) creó el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial. El Órgano será presidido por el magistrado de circuito Juan Carlos Zamora Tejeda, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria dentro del Poder Judicial. Su labor se desarrollará conforme a los lineamientos establecidos por el Tribunal de Disciplina Judicial, encabezado por Celia Maya García. La nueva institución forma parte de los cambios derivados de la reciente reforma constitucional en materia judicial y busca fortalecer la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial de la Federación. Enhorabuena.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
LAU.PUENTEE@GMAIL.COM
TWITTER: @LAURAPUENTEEN