A unas horas de ganar un amparo para abrir sus operaciones, la pedrera cerró de nuevo y acusó al Gobierno del Estado de exigirle dinero en efectivo
Para nadie es nuevo que cada vez aumentan más las tensiones entre el sector empresarial y el gobierno de Samuel García, en Nuevo León. La acusación de extorsión por parte de la empresa Matrimar, que denunció que las clausuras y sanciones ambientales fueron utilizadas como un mecanismo de presión, no solo pone en entredicho la legalidad de las acciones del gobierno, sino que también refleja un patrón de manejo autoritario y poco transparente de los recursos y el poder.
A unas horas de ganar un amparo para abrir sus operaciones, la pedrera cerró de nuevo y acusó al Gobierno del Estado de exigirle dinero en efectivo. La postura de Materiales Triturados Martínez, Matrimar S.A de C.V, de José Santos e Ignacio Martínez Gutiérrez, no es aislada, sino que forma parte de un fenómeno más amplio en el que el empresariado local ha manifestado su preocupación por la actitud fiscal y de persecución del gobierno estatal.
La denuncia de extorsión no solo se limita a este caso particular, sino que es parte de un clima generalizado de hostilidad contra el sector privado. En esta administración, parece que la relación entre los empresarios y el gobierno no se basa en un trato de respeto mutuo, sino en una dinámica de constante presión y desconfianza. El intento de imponer nuevos impuestos, como el aumento al Impuesto Sobre Nómina para financiar obras del Mundial 2026, es solo un reflejo de una política fiscal agresiva que limita la competitividad y frena la inversión.
No podemos pasar de largo que el conflicto entre Matrimar y el gobierno de Nuevo León tiene un trasfondo político. La postura pública de Baltazar Martínez Montemayor, alcalde de Cerralvo, a favor de la empresa ha tensado las relaciones con sectores cercanos al gobernador Samuel García y dirigentes de Movimiento Ciudadano, pues Martínez -junto con su hijo, líder estatal del partido- ha sido identificado como un operador con vínculos tanto políticos como empresariales en la región, lo que habría generado desconfianza dentro de las corrientes internas del gobierno estatal y convertido el cierre de la pedrera en un punto de ruptura política más allá de las cuestiones ambientales o administrativas.
Pero lo que realmente subyace en este conflicto es un interés mayor: el control político y el fortalecimiento de la imagen de Samuel García. La estrategia parece ir encaminada a consolidar el control de la economía local, mientras se asegura el camino para su esposa, Mariana Rodríguez, quien aspira a la candidatura para el 2027. Jugada que parece no solo un intento de asegurarse de que la administración permanezca en su círculo cercano, sino una respuesta ante la creciente oposición interna y la falta de resultados tangibles que den sustancia a la popularidad que su gobierno sigue cosechando.
El caso de Matrimar es síntomas de un patrón peligroso en el que el uso de recursos, ya sea mediante sanciones ilegales o políticas fiscales coercitivas, se vuelve un mecanismo para consolidar el poder personal y familiar. En lugar de fomentar una política empresarial que favorezca la estabilidad económica, la administración de Samuel parece más preocupada por mantener el control.
MADRUGUETES
Acción urgente para pesados
La industria automotriz de vehículos pesados establecida en México atraviesa un momento crítico. Con caídas en ventas, producción y exportación durante 2025, el sector enfrenta un panorama desafiante. Como señala la ANPACT, de Rogelio Arzate, esta situación exige una respuesta rápida y estratégica para evitar que se frene la recuperación del sector, con la necesidad de un respaldo firme por parte del Gobierno Federal, que encabeza Claudia Sheinbaum. Y es que urge implementar medidas específicas, como la renovación de la flota, la contención de la importación de vehículos usados y la promoción de vehículos fabricados en México para fortalecer la economía local. En enero de 2026, las ventas al mayoreo y la producción de vehículos pesados disminuyeron 35.7% y 51.9% respectivamente. Para contrarrestar estos efectos negativos se requiere renovar las unidades de transporte para mejorar la competitividad, reducir el impacto ambiental y garantizar la seguridad vial. Esta renovación es fundamental, ya que la flota actual tiene un promedio de antigüedad de 19 años.
Los datos cuentan
Pese al ruido y la polarización política, los datos recientes en seguridad exigen una mirada seria y libre de consignas. De septiembre de 2024 a enero de 2026, los homicidios diarios en el país se redujeron en un 42%, lo que representa 36 muertes menos cada día y el arranque de año menos violento en una década. El trabajo coordinado del gabinete de seguridad, encabezado por Omar García Harfuch y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al frente de la estrategia de atención a las causas, también se refleja en la reducción de delitos como la extorsión, las 43 mil detenciones, el aseguramiento de armas y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. El panorama muestra que las estrategias aplicadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum comienzan a mover indicadores que durante años parecían inmóviles. El país aún enfrenta focos rojos y la seguridad sigue siendo la deuda más sensible del Estado, pero cuando los números empiezan a cambiar, menos discursos y más resultados siempre serán la medida real.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
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