La historia reciente del estado es una cadena de errores que trasciende partidos. Priistas y panistas han sido incapaces de restablecer el orden
El martes por la noche, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para revisar las estrategias que se aplicarán en las próximas semanas en las zonas más violentas de Michoacán. La cita ocurre en medio de una crisis que parece no tener fin.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue la chispa que volvió a encender las alarmas en Palacio Nacional. La violencia en Michoacán se desbordó hace tiempo, pero cada hecho trágico parece recordarnos que la entidad vive al filo del colapso.
Hoy, el nombre de García Harfuch suena como la única carta fuerte del gobierno federal para intentar contener la ola de sangre que recorre el estado. No es poca cosa: se trata de un territorio donde el poder del Estado se mide frente a los intereses del crimen organizado, y donde la autoridad local ha perdido hace rato el control.
El plan inicial contempla nombrar a un coordinador de seguridad federal, encargado de articular a todas las fuerzas que participarán en las operaciones: Guardia Nacional, Ejército, Marina, policías estatales y municipales. La estructura será vertical, con reportes directos a Harfuch. En el papel, suena correcto. En la práctica, será una prueba de fuego.
Porque Michoacán no es un territorio cualquiera. Es una entidad fragmentada por la disputa de los principales cárteles —Los Viagras, el CJNG y La Familia Michoacana— que se pelean cada kilómetro de terreno, cada negocio, cada vida. Y mientras tanto, la ciudadanía vive entre el miedo, la resignación y la rabia.
El desgobierno de Bedolla se ha vuelto insostenible. Su falta de liderazgo, la torpeza en la comunicación política y la negación de la realidad han generado molestia incluso en las más altas esferas del poder federal. En Palacio Nacional hay quienes ya no ocultan su frustración: consideran que el gobernador y su equipo, encabezado por Záyin Villavicencio, no solo han minimizado la crisis, sino que la han gestionado con soberbia e improvisación.
Y es que decir que “todo está bajo control” mientras alcaldes han sido asesinados durante su administración es una burla al sentido común. Michoacán arde, y el gobierno observa.
La historia reciente del estado es una cadena de errores que trasciende partidos. Priistas y panistas han sido incapaces de restablecer el orden. Cada sexenio promete pacificación, y cada administración deja un escenario más violento que el anterior.
Por eso, más allá de las reuniones y los comunicados, lo que está en juego es la credibilidad del Estado mexicano, que ahora sí promete un plan de acción interesante y con esperanza para los michoacanos.
Si Michoacán sigue siendo tierra sin ley, el mensaje es claro: el crimen impone las reglas y la autoridad sólo administra la tragedia.
MADRUGUETES
Jueza en la mira
Esta misma semana, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos Hugo Aguilar, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, estarán más que atentos a la resolución que dicte Cecilia Crokman Flores, jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero. Su fallo definirá el destino de Carolina N., una mujer que enfrenta no solo un proceso judicial desgastante, sino también un delicado diagnóstico de salud. Y es que Crokman Flores decidió recientemente reducir a la mitad la pensión alimenticia asignada a la hija de Carolina, pese a que existen pruebas suficientes sobre la solvencia económica del padre, empleado del corporativo farmacéutico Alfasigma. La decisión no sólo contradice los principios de equidad y protección a la niñez, sino que exhibe la violencia económica e institucional que padecen miles de mujeres en los tribunales del país. No es la primera vez que el nombre de Crokman Flores aparece bajo sospecha. Fue mencionada en una de las conferencias del ex presidente López Obrador, señalada por presuntamente favorecer con resoluciones a la delincuencia organizada.
Uber encajoso
En las calles de Polanco, varios socios conductores de Uber comentan que han notado prácticas medio raras por parte de Uber Eats hacia los restaurantes con los que trabajan. Según cuentan, muchos dueños entran al juego atraídos por incentivos muy jugosos al principio, pero luego la plataforma les cambia las condiciones, desde exigir invertir en publicidad, hasta ofrecer descuentos forzados o incluso ceder parte de sus ganancias. De acuerdo con los choferes, lo que parecía un trato win-win terminó en una relación asimétrica, donde los restaurantes pierden autonomía, bajan su margen de utilidad y encima pagan por anuncios que no controlan. Para dimensionar, solo en Polanco hay cerca de 500 restaurantes, por lo que cualquier cambio en reglas del juego pega en cadena a una zona gastronómica bastante densa.
La bronca no es menor. En Estados Unidos, Uber ya se enfrenta a DoorDash por prácticas parecidas, con el discurso de proteger a los restaurantes. Si el patrón se repite en México, podríamos ver un incremento en los precios. Todo esto justo cuando la reciente Reforma en Materia de Trabajo en Plataformas Digitales busca poner orden en este tipo de relaciones. Ojo, porque el siguiente round podría no ser en los tribunales, sino en las mesas vacías de los pequeños restaurantes que no logren aguantar la jugada.
Reglas, poder y emisiones
El gobierno de Claudia Sheinbaum se anota un punto al poner orden en un tema donde por años reinaron los vacíos legales y la presión de intereses comerciales. Hablamos del recién firmado Acuerdo Ambiental que limita la importación de vehículos pesados, respaldado por la ANPACT, de Rogelio Arzate. El nuevo marco busca frenar el ingreso de unidades chatarra que contaminan, ponen en riesgo la seguridad vial y erosionan la competencia frente a la producción nacional. En los hechos, Sheinbaum logra articular una acción de Estado que combina regulación, desarrollo industrial y cuidado ambiental, reforzando su narrativa de continuidad con transformación. El movimiento también reconfigura alianzas. La participación de Marcelo Ebrard y Alicia Bárcena muestra cómo el gabinete económico-ambiental se coordina para avanzar en políticas públicas que, más allá del discurso, tienen impacto real.
Adriana se proyecta
Adriana Camacho, quien tras la muerte del empresario Daniel Flores se ha presentado como la dueña de Proyecta Industrial, habría comentado en su círculo cercano que buscaría la ayuda de Amílcar Olán para atender los pendientes que mantiene con la familia de su antiguo socio. Incluso, Camacho y su pareja sentimental, Rubén Garza, estarían muy preocupados, ya que saben que la familia del empresario Daniel Flores buscará contactar a la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer el presunto despojo empresarial del que dicen haber sido víctimas, así como el temor que aseguran tener por las acciones que podrían emprender los “nuevos” propietarios de Proyecta Industrial. Sin embargo, versiones cercanas al caso señalan que Adriana Camacho tendría en su poder documentos que comprometen a toda la estructura que conformó el War Room de la campaña de Adán Augusto López, cuando aspiraba a la candidatura presidencial de Morena como «corcholata». En dicho grupo figuraban los empresarios Fernando Padilla y “El Milló”; mientras que, en el ala política, se menciona a Andrea Chávez, Arturo Ávila, Abraham Mendieta, y un par de filas atrás, a César Yáñez, Leonel Godoy y Roy Campos.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
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