El sector productivo coincide en que Nuevo León enfrenta presiones económicas internas y externas que ya han desacelerado la creación de empleos
Esta semana, la CONCAMIN que encabeza Alejandro Malagón Barragán, se sumará a los organismos empresariales de Nuevo León, entre ellos, la CAINTRA de Jorge Santos, COPARMEX de Roberto Cantú, CANACO SERVYTUR Monterrey de Fernando Canales, y el Consejo Cívico de Mauricio de la Garza, que rechazan el incremento de impuestos propuesto por el gobierno para el Paquete Fiscal 2026, especialmente el aumento al Impuesto Sobre Nómina. Advierten que la medida frenaría la creación de empleos, afectará a las PyMEs, encarecerá la formalidad, puede aumentar la informalidad y, por ende, reduciría la competitividad del estado.
El sector productivo coincide en que Nuevo León enfrenta presiones económicas internas y externas que ya han desacelerado la creación de empleos. La industria del estado, una de las más fuertes del país, resiente el impacto de aranceles aplicados por Estados Unidos, la incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC y el incremento constante en costos operativos, por lo que aumentar la carga fiscal no solo restaría margen a las empresas, sino que debilitaría su capacidad para contratar, invertir e innovar, precisamente cuando la región necesita fortalecer su competitividad para sostener su liderazgo económico.
Además, las cámaras advierten que el incremento del ISN afectaría de forma desproporcionada a las Pymes, que representan el motor del empleo formal en el estado. Por su parte, las organizaciones civiles subrayan que antes de exigir más recursos a los contribuyentes, el gobierno estatal debe garantizar transparencia real, eficiencia en el gasto y disciplina presupuestal.
La ciudadanía reclama que los impuestos deben convertirse en mejores servicios públicos, infraestructura de calidad y oportunidades de desarrollo, no en cargas adicionales sin claridad sobre su destino ni resultados tangibles.
El llamado conjunto al Congreso del Estado es para que la política fiscal sea un instrumento para impulsar el desarrollo, no para inhibirlo. Subir impuestos en un momento de incertidumbre global dañaría la competitividad del estado, afectaría las exportaciones y restaría atractivo para la inversión nacional y extranjera. Por ello, tanto la CONCAMIN como las demás cámaras de Nuevo León reiteran su disposición a colaborar en soluciones reales, pero advierten que proteger el empleo, la formalidad y la competitividad no es sólo un interés empresarial, sino un compromiso con las familias y con el futuro económico de la entidad.
Será una semana complicada para Samuel García. A las críticas por la política fiscal se suma el revés judicial en el llamado impuesto verde, en donde al menos nueve amparos de empresas pedreras quedaron firmes y, a pesar de que la Suprema Corte de Hugo Aguilar atrajo la otra mitad de los casos, estos no pueden revertirse, pues tribunales colegiados determinaron que este gravamen podría invadir facultades federales.
MADRUGUETES
Se inquieta Washington
El clima de confianza empresarial hacia México no atraviesa su mejor momento y la señal más clara llegó desde Washington. En noviembre pasado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos envió una carta a la Casa Blanca para manifestar su incertidumbre respecto a la reforma judicial mexicana. La USCC, por sus siglas en inglés, señaló que las compañías estadounidenses que operan en el país han enfrentado discriminación, riesgo de expropiación y un deterioro en los mecanismos de protección del T-MEC. A esta preocupación se sumó la visita a México de Ian Bremmer, presidente de la consultora de riesgo político, Eurasia Group, quien sostuvo reuniones privadas con representantes empresariales. Su análisis coincidió en que la posibilidad de cambios profundos en la judicatura eleva la sensibilidad regulatoria justo cuando la revisión del tratado comercial se aproxima. En paralelo, fondos y analistas han comenzado a cuestionar si el entorno mexicano puede ofrecer el nivel de certeza que requieren las inversiones de largo plazo.
Limpieza a puerta cerrada
La Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador, busca proveedor de limpieza y aunque la Oficialía Mayor abrió un registro para integrar un padrón de empresas autorizadas, el proceso ya mostró sus primeras grietas. A unos días de iniciado, el plazo fue extendido a petición de empresas vinculadas al llamado Cártel de la Limpieza, pese a que varias no cuentan con el REPSE. Entre ellas figura Servicios Integrales Retimar, actual prestadora del servicio, con acceso operativo dentro de la propia dependencia. También aparecen firmas como Jored, Cleanium, Lemart, Armot y Aseo Privado Institucional, todas ligadas por nexos familiares y documentos notariales expedidos por fedatarios del estado de Morelos. Cabe recordar que hace poco afanadores denunciaron la falta de seguridad social en empresas como Armot, una omisión que no solo vulnera derechos laborales, también es una evasión ante el Estado.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
LAU.PUENTEE@GMAIL.COM
TWITTER: @LAURAPUENTEEN