Menos dinero no significa menos influencia del dinero en la política. Por el contrario, abre la puerta a una mayor dependencia de recursos
La reforma electoral entra en su momento clave. La próxima semana comenzará su discusión formal con los coordinadores de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, y en el Senado, Adán Augusto López. Aunque el proyecto aún no está concluido, dos banderas concentran el discurso oficial: reducir el financiamiento a los partidos políticos y disminuir o eliminar a los legisladores plurinominales.
Ambas propuestas suenan bien en el papel. Ahorro, austeridad y rechazo a los privilegios son conceptos políticamente rentables. El problema es que, detrás de esa narrativa, se esconde el riesgo de debilitar los mecanismos que garantizan la pluralidad y el equilibrio del sistema democrático.
Los plurinominales no surgieron como un capricho del sistema, sino como un antídoto contra el autoritarismo. Su función fue impedir que una fuerza política se apropiara del Congreso y silenciara a la oposición. Es cierto que los partidos los degradaron, convirtiéndolos en cuotas y premios internos, pero eliminarlos no corrige ese vicio: lo profundiza. Sin representación proporcional, el Congreso vuelve a fabricar mayorías artificiales y a cerrar el paso a las voces incómodas.
Algo similar ocurre con la reducción del financiamiento público. Menos dinero no significa menos influencia del dinero en la política. Por el contrario, abre la puerta a una mayor dependencia de recursos privados, a la opacidad y a la intervención de intereses económicos. Los recortes no afectan por igual. Golpean primero a las minorías y a los partidos con menor estructura, mientras las fuerzas dominantes conservan poder territorial, acceso mediático y control institucional.
La consecuencia es una democracia más desigual, con menos competencia real y menos alternativas para el electorado. La austeridad, cuando se convierte en dogma, deja de ser una política pública y se transforma en una herramienta de concentración de poder.
Además, el momento político no es menor. Una reforma de esta magnitud debería surgir de un consenso amplio y honesto, con especialistas, autoridades electorales y oposición real en la mesa. Convertirla en una bandera partidista o aprobarla por mayoría sin un debate profundo no solo tensiona al sistema, sino que debilita la legitimidad de las reglas del juego de los próximos procesos electorales.
Hay también una contradicción de fondo: mientras se plantea recortar recursos y representación, se concentra cada vez más poder político en una sola fuerza. Reducir contrapesos en un contexto de mayorías dominantes no es modernizar la democracia, es ponerla en riesgo. Las reglas electorales no deben diseñarse para quien gobierna hoy, sino para proteger a quienes podrían gobernar mañana.
El verdadero dilema no es cuánto cuesta la democracia, sino cuánto cuesta perderla. Si la reforma electoral avanza sin corregir estos riesgos, México no estará ahorrando recursos, estará pagando el precio de un retroceso político disfrazado de popularidad y austeridad.
MADRUGUETES
Juego, impuestos y reglas pendientes
En ese contexto, el papel de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, resulta central. La apertura para revisar una ley con casi ocho décadas sin actualizarse apunta a una visión más realista, donde regular implica supervisar mejor, dar certeza y cerrar espacios a prácticas ilícitas. Del lado del sector, la postura de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), a cargo de Miguel Ángel Ochoa, al insistir en un rediseño integral y no solo fiscal, se alinea con esa lógica de equilibrio entre inversión y cumplimiento. Si ese entendimiento se traduce a tiempo en reglas claras, México podría evitar que una oportunidad histórica, como el Mundial 2026, se diluya entre impuestos elevados y normas obsoletas.
Persiste desafío
Con un valor de producción de productos de plástico que rebasa los 400 mil millones de pesos, uno de los desafíos que enfrenta la industria en México está en su cadena de suministro, esto ante la alta dependencia de materias primas importadas. La falta de avance en el desarrollo petroquímico nacional mantiene abierta esa brecha, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco, se están importando 4 millones 551 mil toneladas de materias primas mientras que, la exportación ronda los 3 millones de toneladas de las cuales el 57% provienen de Estados Unidos. Todo indica que el panorama continuará en este año que recién arranca derivado a que los proyectos para fortalecer la proveeduría local no terminan de despegar, lo que obliga a la industria a operar bajo un esquema que depende del exterior y que difícilmente cambiará en el corto plazo.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
TWITTER: @LAURAPUENTEEN