La Reforma Electoral no es un simple ajuste técnico. Las propuestas apuntan a un mismo destino: uno en el que existan menos contrapesos y mayor control político
La Reforma Electoral que hoy se cocina en el corazón del poder no es un simple ajuste técnico. Es, en realidad, una redefinición de las reglas del juego democrático en México. Bajo el discurso de la austeridad, se concentran propuestas que, vistas en conjunto, apuntan a un mismo destino. Uno en el que existan menos contrapesos y mayor control político.
El Instituto Nacional Electoral ha sido el eje incómodo de esta discusión. No por fallas estructurales, sino por su condición de árbitro autónomo. En ese contexto, fue alarmante la postura de Pablo Gómez, figura central en la elaboración de la reforma, al sostener que el INE no debe entenderse como un órgano autónomo en sentido pleno, sino como una entidad administrativa con independencia funcional.
Otro de los pilares bajo ataque es la representación proporcional. La narrativa es que los plurinominales son un exceso, un privilegio, e innecesarios. Sin embargo, lo que rara vez se dice es que la representación proporcional es el mecanismo que evita que la democracia se convierta en una dictadura de mayorías.
Reducir o eliminar estos espacios no fortalece la legitimidad del Congreso; la empobrece.
La idea de la reforma es eliminar 132 espacios, 100 diputados y 32 senadores. Esto podría sonar atractivo en un discurso de austeridad, pero en la realidad afectaría las minorías políticas, quienes no llegan por la vía mayoritaria. Desaparecerlas del mapa legislativo no es eficiencia: es poder total. Un Congreso más barato puede ser también un Congreso menos representativo.
La posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se presenta como una medida racional para reducir costos y evitar duplicidades. Pero detrás del argumento presupuestal se esconde una lógica más preocupante: la concentración del control electoral en una sola instancia nacional.
Los OPLE no son perfectos, pero cumplen una función esencial: acercar la organización electoral. Eliminar estas estructuras no sólo centraliza funciones, sino que reduce la capacidad de vigilancia y equilibrio territorial. En elecciones, la descentralización no es un lujo, es un seguro contra los fraudes electorales.
Reducir 20% el financiamiento a partidos y al sistema electoral es un discurso exageradamente atractivo, pero peligrosamente dictatorial. Las elecciones cuestan porque la legalidad cuesta. Exigir procesos más complejos, más fiscalizados y más vigilados con menos recursos es una fórmula conocida: elecciones frágiles, instituciones débiles y mayor margen para la ilegalidad, incluso para que el crimen organizado intervenga y obtenga mayor control en las votaciones.
Vistos por separado, cada cambio puede parecer razonable. Vistos en conjunto, revelan una tendencia clara: reducir autonomía, centralizar decisiones y debilitar contrapesos. No se trata de modernizar la democracia, sino de administrarla desde el poder.
La pregunta no es si el sistema electoral puede mejorar —claro que puede—, sino quién define esas mejoras y con qué intenciones. Una Reforma Electoral sin consenso amplio hecho por expertos en materia electoral, no fortalece la democracia, la pone en riesgo.
MADRUGUETES
Aniversario EMA
Esta semana, la Entidad Mexicana de Acreditación, de Raúl Tornel y Cruz, organismo privado que acredita laboratorios y organismos de evaluación de la conformidad en México, vinculada con la Secretaría de Economía (SE), de Marcelo Ebrard, cumplirá 27 años de su creación sumando más de 8 mil 600 acreditaciones vigentes y presencia en 18 países, respaldando sectores estratégicos como construcción, salud, energía, medio ambiente y agroindustria. Opera con 155 colaboradores y más de mil 300 evaluadores expertos que aseguran el cumplimiento de normas nacionales e internacionales, aportando certidumbre al comercio y a la competitividad del país. Pero la EMA ha ido más allá de la acreditación. Tan sólo en 2025 reforzó la capacitación con jornadas, cursos y webinars que alcanzaron a más de 18 mil personas, y recibió reconocimientos como la Marca Notoria del IMPI y el distintivo de Empresas Excepcionales.
¿Mayorías infladas?
Interesante lo expresado por el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, en un artículo de opinión, donde coloca en el centro del debate la sobrerrepresentación legislativa, un problema que el sistema político ha preferido administrar antes que corregir. A través de un decálogo sintetiza la brecha entre votos y curules, y propone una reingeniería de fondo del diseño electoral. Su planteamiento apunta a reducir el tamaño del Congreso de la Unión, corregir la fórmula de representación proporcional y rediseñar las circunscripciones para alinear mejor sufragios y bajar el tope de sobrerrepresentación del 8 al 2%, así como asignar curules considerando las coaliciones, no sólo a los partidos. A ello se suma una regulación más estricta; fijar en la ley la afiliación efectiva; replantear el umbral del 3% para no excluir minorías relevantes y elevar a rango constitucional las acciones afirmativas y la paridad.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
TWITTER: @LAURAPUENTEEN