La disputa interna es clara. De un lado, Alfonso Ramírez Cuéllar ha empujado la idea de cerrar ciclos y replantear el modelo de fiscalización, bajo el argumento
El relevo en la Auditoría Superior de la Federación dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en uno de los movimientos políticos más reveladores del momento que vive el país. A meses de que concluya el periodo de David Colmenares, el debate ya no se limita a evaluar su gestión, sino a definir qué tipo de fiscalización quiere el poder político, una que acompañe, o una que incomode. La decisión, lejos de ser técnica, se ha transformado en una señal de rumbo sobre la autonomía real de los órganos de control.
La disputa interna es clara. De un lado, Alfonso Ramírez Cuéllar ha empujado la idea de cerrar ciclos y replantear el modelo de fiscalización, bajo el argumento de que la permanencia prolongada debilita la independencia institucional y normaliza inercias que terminan por diluir la rendición de cuentas.
Del otro, el grupo cercano a Ricardo Monreal apuesta por la continuidad como fórmula de estabilidad, defendiendo la reelección de Colmenares como una salida pragmática que evita tensiones en el Congreso. El contraste de ideas no es menor, expresa dos visiones opuestas del poder, una que busca mover estructuras y otra que prefiere administrarlas.
En medio de esa tensión han comenzado a circular nombres. Entre los perfiles que suenan está Emilio Barriga, con trayectoria técnica dentro de la propia ASF y un discurso centrado en modernizar la fiscalización mediante herramientas digitales.
También aparece Gonzalo Lozano, un perfil crítico del desempeño actual y con experiencia en temas de control y rendición de cuentas. Ambos representan alternativas con vínculos claros a las dinámicas tradicionales del aparato institucional.
Sin embargo, el contexto político ha abierto una ventana distinta, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto el acento en el fortalecimiento del liderazgo de la mujer dentro del Estado, por lo que el relevo en la ASF aparece como una oportunidad para un perfil femenino. En ese escenario, el nombre de Guadalupe Aurora Lol-Be Peraz González comienza a tomar fuerza como una opción distinta. Economista, con sólida formación en auditoría y experiencia en fiscalización, Lol-Be Peraza combina preparación técnica, trayectoria académica y distancia de los acuerdos cupulares, lo que la convierte en un posible “caballo negro” en esta disputa.
Más allá de los nombres, el fondo del debate es si la ASF está en una encrucijada de seguir siendo un órgano que opera con cautela política o transformarse en un verdadero contrapeso institucional. La decisión que se tome no solo definirá al próximo auditor, sino el mensaje que el poder quiera enviar sobre la rendición de cuentas en esta nueva etapa. Porque, al final, la fiscalización no se mide por discursos, sino por a quién se está dispuesto a incomodar.
MADRUGUETES
Tensiones en NL
La empresa Matrimar, propiedad de los hermanos Martínez Gutiérrez y dedicada a la extracción de materiales pétreos en Cerralvo, Nuevo León, difundió esta semana un comunicado en el que niega que su clausura esté relacionada con pozos clandestinos o tomas ilegales de agua, y afirma que durante años ha sido auditada por autoridades ambientales federales y estatales sin hallazgos de irregularidades hidrológicas en su área de operación, además de señalar que instancias judiciales y revisiones gubernamentales le han dado la razón, mientras alrededor de 500 familias permanecen sin ingresos por la suspensión de actividades.
En paralelo, actores del sector de la construcción y de la industria extractiva han reclamado y sostienen que el cierre de la pedrera se inscribe en un clima de creciente presión regulatoria por parte del Gobierno de Nuevo León, de Samuel García, en el que inspecciones ambientales y otros mecanismos administrativos son utilizados de manera discrecional como instrumentos de control y recaudación.
Abierto Mexicano
Acapulco vuelve a colocarse en el centro del mapa con la llegada del Abierto Mexicano de Tenis 2026, un evento que no solo se juega en la cancha sino también en el terreno de la narrativa pública sobre recuperación, inversión y proyección internacional del puerto. Que el torneo reúna a figuras del Top 10 del ranking ATP y sea promovido directamente por el gobierno de Abelina López es una una señal de que la administración local busca reposicionar al destino como un espacio viable para la inversión, el turismo y la diplomacia económica, después de años marcados por violencia y desastres naturales.
Más allá del espectáculo deportivo, el torneo funciona como un termómetro en donde una derrama cercana a los 800 millones de pesos y miles de empleos indirectos apunta a un discurso de reactivación que el gobierno necesita sostener con resultados. La coordinación con fuerzas federales para garantizar seguridad refuerza la idea de control institucional, pero también deja claro que el evento será una prueba de credibilidad. Si todo sale bien, se venderá como ejemplo de gobernabilidad.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
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