Romper el monopolio del tequila no sólo sería un acto de justicia, sino una señal inequívoca de que la transformación va en serio
En Palacio Nacional hay atención especial sobre un tema que lleva años fermentándose. El del Consejo Regulador del Tequila (CRT), que preside Aurelio López Rocha. Aunque el tequila es símbolo nacional y orgullo exportable, detrás de su brillo internacional hay una estructura que muchos productores califican como monopólica. La presidenta Claudia Sheinbaum, así como su antecesor y líder del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, ha sido enfática en eliminar los privilegios y abrir la competencia, y todo apunta a que en esta jugada el balón está ahora en la cancha de la Secretaría de Economía.
Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, ha recibido la encomienda de revisar los casos donde el libre mercado no está funcionando como debería. Fiel a su estilo conciliador y a su reputación de operador eficaz, los agaveros confían en que Ebrard sabrá escuchar y construir acuerdos. Pero en esta ocasión, el peso del expediente recae directamente sobre la Dirección General de Normas, a cargo de Lilian Aurora Pérez Ornelas, de quien se espera una actuación firme y técnica para revisar a fondo la operación del CRT y garantizar que la certificación del tequila sea un proceso transparente e imparcial.
No es un asunto menor. Más de 600 representantes del sector agavero, entre ellos el Consejo Mexicano del Agave (CMA) y el Barzón Agavero, llevan meses pidiendo a la presidenta Sheinbaum que el CRT deje de ser juez y parte. Argumentan que la figura actual contraviene el artículo 28 constitucional, que prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas. Además, exigen que se acrediten nuevos organismos certificadores, independientes y sin vínculos con los grandes industriales, para garantizar piso parejo en una industria que representa miles de empleos y una parte significativa de las exportaciones mexicanas.
El caso también implica una cuestión de coherencia con la política económica del nuevo gobierno. Si se promueve la campaña “Hecho en México” como emblema de orgullo y competitividad, es necesario que detrás de esa etiqueta exista un proceso limpio y equitativo. Los pequeños productores de agave denuncian que las decisiones del CRT han beneficiado históricamente a los grandes consorcios, como José Cuervo, marginando a quienes trabajan la tierra y sostienen la cadena productiva desde su raíz. El monopolio en la certificación, aseguran, ha frenado la innovación, la competencia y hasta el valor del propio tequila.
Desde luego, en Economía saben que se trata de un tema delicado. Cualquier movimiento debe cuidar el prestigio de la Denominación de Origen Tequila y no poner en riesgo su valor internacional. De ahí la relevancia de que Pérez Ornelas y su equipo actúen con rigor técnico, transparencia y sensibilidad política. No se trata de golpear al sector, sino de depurarlo; de abrir la cancha sin romper las reglas del juego. Y en eso, Ebrard puede ser un aliado clave para construir una solución que dé certeza a todos los actores.
Por eso, los agaveros mantienen la esperanza en que esta vez sí habrá cambios. Apelan al diálogo, pero también exigen que la Dirección General de Normas, asuma con seriedad la tarea. Romper el monopolio del tequila no solo sería un acto de justicia, sino una señal inequívoca de que la transformación va en serio.
Madruguetes
¿Harfuch para el 2030?
Omar García Harfuch comparece hoy ante el Senado como parte del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque todos los integrantes del gabinete presidencial presentan sus resultados, la atención se concentra en el llamado “súper policía”, uno de los hombres de mayor confianza de la presidenta. Su estrategia de seguridad ha dado resultados que fortalecen al gobierno federal, tanto en el combate al crimen organizado como en la relación con Estados Unidos, donde su figura es bien valorada por los avances en cooperación bilateral. Su desempeño, además, ha permitido a Sheinbaum consolidar la narrativa de un país que combate con resultados tangibles la violencia y la impunidad.
En su primer año de gestión, los números respaldan a Harfuch. Una reducción del 32% en homicidios dolosos, más de 34 mil detenidos por delitos graves, 17 mil armas decomisadas y la destrucción de mil 500 laboratorios de metanfetaminas. Estas cifras se sostienen sobre una estrategia nacional enfocada en la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia y la coordinación entre niveles de gobierno. De mantener esta línea, Omar no solo seguirá siendo clave en la política de seguridad y en la interlocución con Washington, sino que se perfila como una de las cartas más fuertes del oficialismo rumbo al 2030.
Segob mete freno de mano
El pasado 15 de octubre, la Secretaría de Gobernación, de Rosa Icela Rodríguez, determinó la incorporación de esta columnista, titular del espacio Puente Político, al Mecanismo Federal de Protección, tras documentar el hostigamiento por la labor informativa realizada desde este espacio. Detrás de ese acoso se encuentra Manuel Rodríguez Arregui, exsubsecretario calderonista y actual director del fondo AINDA Energía e Infraestructura, inconforme con una investigación que exhibió los intereses de sus aliados empresariales en la licitación de Caminos y Puentes Federales para el sistema de telepeaje. En coincidencia con la resolución de la Segob, el OIC del organismo ordenó repetir el fallo del proceso, tras ser impugnado por las compañías vinculadas a ese grupo. La decisión no fue política, sino jurídica y orientada a corregir omisiones administrativas. Dos instituciones actuaron en paralelo: una defendiendo la ley y otra la libertad de prensa. En este espacio se evidenciaron las irregularidades de empresas como Controles Electromecánicos y Kapsch Trafficcom, que durante años operaron con ventajas y negligencias que hoy se revisan con lupa. Seguiremos muy atentos al curso de este proceso, que aún no concluye en el terreno legal, pero que en CAPUFE ya dejó una lección.
Industria y gobierno por la salud
Tras la intención de un alza en el IEPS para las bebidas azucaradas, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud que lleva David Kershenobich, y la Industria Mexicana de Coca-Cola, han llegado a un acuerdo que refleja “diálogo abierto y colaboración efectiva”, según lo anunciado por la propia empresa con casi cien años en México, misma que a pesar que repetidamente se ha mencionado que la problemática de salud es multifactorial donde se involucran temas como hábitos, bebidas y alimentos procesados y no procesados, asumió un papel proactivo y propuso medidas concretas que van en sintonía con la estrategia gubernamental. El resultado es que habrá una reducción escalonada de calorías en sus refrescos, promoción de bebidas bajas o sin calorías, y políticas de mercadotecnia responsable que protejan a los menores de 16 años. Este enfoque demuestra que la industria puede participar activamente en la construcción de soluciones frente a retos de salud pública como la obesidad y la diabetes.
El siguiente paso es que otros actores del sector de productos de consumo se sumen a esta ruta de colaboración. La iniciativa de Coca-Cola marca un precedente sobre cómo combinar responsabilidad social y estrategia comercial para fomentar hábitos más saludables, por lo que solo con la participación de más empresas será posible amplificar el impacto positivo y garantizar que los consumidores tengan acceso a opciones que promuevan un estilo de vida más sano.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
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