México necesita aduanas modernas, sí, pero no significa burocráticas ni punitivas. Implica digitalizar sin duplicar y compartir responsabilidades
El gobierno federal de Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera que plantea la dicotomía de modernizar las aduanas o estrangular el principal motor de crecimiento. Y es que endurecer los controles en el comercio exterior, con digitalización obligatoria de procesos, corresponsabilidad legal para agentes y empresas, y sanciones más severas contra prácticas indebidas, lejos de posicionarnos como socios estratégicos de Estados Unidos y Canadá, podría provocar todo lo contrario.
El comercio exterior es uno de los pilares de la economía mexicana. En 2024 representó 36.8% del PIB y generó uno de cada cinco empleos. Sectores como el automotriz, los dispositivos médicos, la maquila, los petroquímicos o los semiconductores han convertido al país en un actor global. Sin embargo, la propuesta de reforma despierta dudas.
La iniciativa se ha presentado como que busca fortalecer la seguridad y la recaudación mediante digitalización, inspecciones no intrusivas, mayor coordinación con las Fuerzas Armadas y nuevas reglas para los agentes aduanales. A primera vista, parece una apuesta lógica en un contexto de contrabando y evasión. Pero entre sus disposiciones se esconden medidas que podrían encarecer los costos de operación, retrasar los despachos y restar competitividad a los sectores más dinámicos de la economía.
El punto más delicado es la responsabilidad absoluta que recaería en los agentes aduanales. Se les exige transmitir anticipadamente toda la información y responder al 100% de los datos, incluso cuando provienen del importador. La pérdida de la patente por cualquier discrepancia y la limitación de su vigencia a diez años generan un ambiente de incertidumbre. En un país con apenas 804 agentes aduanales, reducir su margen de acción significaría cuellos de botella y un freno a la fluidez comercial.
Las consecuencias no serían menores. La industria automotriz ya enfrenta caídas en exportaciones por la guerra comercial con Estados Unidos; los sectores químico y farmacéutico dependen en gran medida de insumos importados; y los dispositivos médicos, la electrónica y los chips requieren cadenas just in time. Un día de retraso en la cadena productiva puede costar millones de dólares. El riesgo es que las inversiones que hoy miran a México se desplacen hacia países más ágiles y con marcos regulatorios menos punitivos.
Lo paradójico es que el Estado ya posee la información necesaria: RFC, padrones de importadores, programas IMMEX, certificaciones IVA/IEPS, contabilidad electrónica y transmisión por la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Exigir nuevamente datos anticipados y castigar al agente aduanal revela más bien una desconfianza del gobierno hacia sus propios sistemas. En vez de simplificar, la reforma multiplica los registros y aumenta las sanciones.
México necesita aduanas modernas, sí, pero modernas no significa burocráticas ni punitivas. Implica digitalizar sin duplicar, compartir responsabilidades y simplificar trámites para que la economía aproveche el nearshoring y el Plan México de atracción de inversiones. Una reforma que convierta a las aduanas en una traba podría terminar sofocando la mayor oportunidad de crecimiento en décadas.
MADRUGUETES
IA en la arena política
Con un llamado a los industriales a sumarse al debate legislativo, el diputado Eruviel Ávila llevó la inteligencia artificial a la mesa de la Concamin, presidida por Alejandro Malagón Barragán. Recordó que este avance ya impacta la producción, la educación y la seguridad pública, por lo que México no puede quedarse sin un marco legal. Desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsa una iniciativa que busca modificar nueve artículos de la Constitución e incorporar la IA en sectores clave. Paralelamente, se trabaja en un borrador de ley regional con énfasis en seguridad. Su advertencia llega en un momento en que la innovación sin control puede tener consecuencias fatales, como lo mostró el caso de un joven en Estados Unidos que usó un chatbot para planear su suicidio. La participación empresarial será decisiva, pues son ellos quienes operan las cadenas de valor donde esta herramienta ya transforma procesos. ¿Regular o improvisar? Ahí está el detalle.
Bajo la lupa
Mientras el gobierno federal insiste y trabaja día a día en la rendición de cuentas, surgen expedientes que ponen a prueba ese discurso. Uno de ellos es el INC/001/2025 en el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch. El fallo del 20 de julio, que otorgó más de tres mil millones de pesos a las empresas Jored, Lamap y Armot Seguridad Privada, no sólo derivó en una inconformidad jurídica, también encendió las alertas. En el centro aparece José Juan Reyes, operador de este consorcio al que ya varios llaman el “cártel de la limpieza”. Aunque el procedimiento debería bastar para reponer la licitación y dejar fuera a las firmas señaladas, la Directora de Responsabilidades A del OIC, Gabriela Medina García, ha dado entrada a escritos que prolongan el desenlace y terminan favoreciendo a Reyes. Cabe recordar que estas compañías han sido denunciadas por subregistro de trabajadores, práctica que priva de seguridad social a miles de empleados y erosiona las finanzas públicas. El caso ya es investigado.
Impuesto a la caza del consumidor
Ojo con lo dicho por la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA), quien levantó la voz en contra de la medida del gobierno mexicano que pretende elevar el IEPS e incluir a las bebidas endulzadas con edulcorantes bajos o sin calorías a partir de 2026. El organismo sostiene que lejos de mejorar la salud pública, esta decisión desincentiva la innovación y pasa por alto la evidencia científica que respalda la seguridad de estos ingredientes. Avalados por instancias como la EFSA, la FDA y la OMS, los edulcorantes sin calorías se han presentado como una herramienta útil para reducir el consumo de azúcar, controlar el peso y apoyar a quienes viven con diabetes. En un país con altos índices de obesidad y enfermedades no transmisibles, la pregunta obligada es si el castigo fiscal a alternativas bajas en calorías es un paso en la dirección correcta o un tropiezo que hará más difícil enfrentar la crisis de obesidad. Ahora la bolita está en los legisladores federales, quienes tendrán que escuchar, analizar y discutir a detalle todas las opciones y posiciones, pues al final digan lo que digan, esto es una nueva carga fiscal al consumidor mexicano.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
LAU.PUENTEE@GMAIL.COM
TWITTER: @LAURAPUENTEEN