Empresas que operan en el municipio han manifestado su preocupación ante lo que describen como una red sistemática de extorsión desde el interior del Ayuntamiento
En el Estado de México, que lleva Delfina Gómez, hay municipios que, pese a los altos niveles de violencia, extorsión y corrupción, permanecen fuera de foco y de las estrategias de seguridad federal. Uno de ellos es Tultitlán, donde habitantes y empresarios denuncian un clima generalizado de inseguridad.
A diferencia de los 14 municipios mexiquenses intervenidos el 21 de julio durante la Operación Liberación, considerada el mayor despliegue contra la extorsión en el país, en el que participaron la Fiscalía General del Estado de México y el Gabinete de Seguridad (Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC y CNI), con un total de dos mil 866 elementos y cerca de 700 vehículos, que realizaron cateos en 63 establecimientos y 52 inmuebles y detuvieron a ocho personas, en Tultitlán no hay una respuesta institucional clara.
Pese a ello, el municipio enfrenta problemas graves. Desde 2015, forma parte de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Además, en 2023, la gobernadora lo incluyó entre los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad.
En ese contexto, fuentes consultadas por esta columna señalan que el gobierno municipal, encabezado por la morenista Ana María Castro Fernández, no ha respondido con eficacia ante los señalamientos de inseguridad, corrupción y violencia que se han acumulado desde que asumió el cargo en enero de este año.
Empresas que operan en el municipio han manifestado su preocupación ante lo que describen como una red sistemática de extorsión desde el interior del Ayuntamiento. De acuerdo con denuncias recogidas por esta columna, el cierre arbitrario de negocios mediante supuestas revisiones administrativas es una práctica cada vez más frecuente.
Un representante legal que pidió el anonimato por motivos de seguridad narró el procedimiento que sufrirían las compañías. Según su testimonio, la autoridad les suspende actividades con el argumento de detectar irregularidades en áreas como Protección Civil, Finanzas o Desarrollo Urbano, y otorga un plazo de tres días hábiles para corregirlas.
Aunque se entrega la documentación solicitada, la respuesta se demora o no llega. Posteriormente, tras insistentes gestiones, se les asigna una reunión con el Coordinador General de la Oficina de Presidencia, Erick Isachar Vega Chavarría, presuntamente fuera de las instalaciones oficiales. En ese encuentro, afirma el testimonio, el funcionario propone un acuerdo informal: pagar una parte de la supuesta multa al Ayuntamiento y otra en efectivo, entregada directamente. Todo esto ocurriría, dicen, con el visto bueno de la presidenta municipal.
A lo anterior se suma que algunas de las personas que colaboran dentro del gobierno local también señalan vínculos familiares en la estructura de gobierno: tres parientes de la presidenta municipal estarían actualmente en funciones. Según estas versiones, la alcaldesa es cuñada de la expresidenta Elena García Martínez y el actual secretario del Ayuntamiento, José Alfredo Contreras Suárez, es esposo de García Martínez.
Los reportes sobre posibles irregularidades en la administración de Tultitlán ya han comenzado a circular en los gabinetes de seguridad estatales y federales. Aunque hasta ahora no se ha anunciado intervención alguna, la situación en Tultitlán es observada con atención.
MADRUGUETES
Operación Limpieza
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI), que dirige Santiago Nieto, a través de “Operación Limpieza”, ha destacado por la excelente labor en el aseguramiento y decomiso de toda la mercancía de contrabando o irregular, proveniente del extranjero (especialmente de China), que se distribuye de forma ilegal en todo el país. Son nueve los estados en donde Nieto y su equipo han resguardado cerca de 7.4 millones de productos piratas, entre ropa, zapatos artículos para el hogar, celulares, juguetes, aparatos tecnológicos, entre otros. La CDMX, Sonora, Coahuila, Baja California, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y el Estado de México, son los primeros estados donde se implementó ya Operación Limpieza, y se busca recorrer las 32 entidades federativas cuantas veces sea necesario, con el fin de tener un control regulado del comercio mexicano de forma legal, sin que afecte a la industria nacional y los empleos que este genera.
Cada 15 días se realiza la Operación Limpieza y desde el IMPI se tienen localizados cuáles son los establecimientos y mercados en donde se vende mercancía ilegal para, en conjunto con autoridades locales y federales, hacer el decomiso. De igual manera ya se trabaja con el Inegi, con los gobiernos estatales, el SAT y Aduanas, para recolectar toda la información posible, generar un modelo de inteligencia y lograr proveer la posible introducción de mercancía pirata ilícita al país.
Leyes 5.0 en México
La inteligencia artificial ha redefinido todo tipo de industrias, hábitos y relaciones humanas. Frente a ello, México tiene la oportunidad de adelantarse y construir un marco legal que no sólo regule, sino que sea ejemplo internacional. Eruviel Ávila, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para reformar nueve artículos de la Constitución que incorporen principios como educación digital desde primaria, derechos de autor frente a obras generadas por automatización y protección contra discriminación derivada del uso de tecnologías emergentes. Considera también su aplicación en los sistemas de salud, especialmente para diagnósticos y prevención, así como su uso por parte de autoridades de seguridad pública para tareas de prevención e investigación del delito. Asimismo, incluye por primera vez en la Constitución una definición formal de IA. Esto además de abrir la puerta a nuevas capacidades del Estado, también pone sobre la mesa la discusión urgente sobre sus límites, usos y desarrollos.
Medicina en la puerta de tu casa
La salud pública suele quedar atrapada en diagnósticos institucionales y promesas burocráticas, pero “Salud Casa por Casa” parece escapar de esa lógica. En lugar de esperar a los pacientes en una sala fría, este programa lleva la consulta hasta sus hogares, con médicos que recorren comunidades a pie o en vehículos oficiales. En Baja California, más de 250 doctores ya aplican esta estrategia diseñada para adultos mayores y personas con discapacidad, sectores olvidados del sistema de salud. Desde la Ciudad de México, donde se sostienen mesas de trabajo con la secretaria Ariadna Montiel, y el director del IMSS, Zoé Robledo, el delegado Jesús Alejandro Ruiz Uribe refuerza la ruta territorial del programa. Su presencia subraya un detalle importante: sin organización en campo, cualquier iniciativa social se vuelve letra muerta. Más de 1.9 millones de hogares ya fueron tocados por este modelo de atención que apuesta por lo obvio: poner al paciente en el centro, no en la fila de espera.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
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